En el caso del consumo masivo, en la última semana se publicó en el Boletín Oficial la resolución con la prórroga hasta diciembre del programa “Precios Justos”, que establece un sendero de ajuste mensual de 5% y beneficios fiscales para que las empresas compensen en parte la diferencia entre ese aumento y la inflación.

Funcionarios de la Secretaría de Comercio recibieron en los últimos días a los representantes de supermercados y da algunas empresas y les transmitieron que hasta el 19 de noviembre se mantendrá el statu quo (nada que las compañías no imaginasen) y que luego volverían a hablar.

Más allá de las diversas estrategias de las compañías para sortear el congelamiento, como el cambio de productos, el lanzamiento de nuevos o la mayor venta en el canal tradicional, que no tiene control, lo cierto es que esta realidad generó importantes problemas de escasez en las góndolas que se mantendrán hasta diciembre. Más aún con la expectativa de devaluación que hay tras el cambio de Gobierno.

También habían sido congelados, pos PASO, los servicios regulados. En el caso del transporte, tanto automotor como ferroviario, la tarifa había quedado congelada hasta diciembre ya en ese momento, a diferencia de otros rubros cuyos acuerdos vencían a fines de octubre. El boleto mínimo de colectivo hoy está en $55 y el de tren, $33. Antes de las primarias, el Gobierno venía permitiendo un ajuste mensual en línea con la variación del IPC del Indec, pero luego quedó congelado en esos valores. A ello se le suman los tres años de atraso que acumulan, ya que por la pandemia no hubo aumentos.

“Hoy estamos cubriendo el 85% del costo del transporte automotor y fuimos aumentando los subsidios. Pero el sector reclama más; afirman que el boleto debería costar $500 para cubrir los costos. En el caso del tren, absorbemos el 100%”, precisaron fuentes de la Secretaría de Transporte. Por otro lado, destacaron que ya se le empezó a otorgar el subsidio directamente a la demanda, por ahora a algunos sectores específicos con atributo social, pero el objetivo es que ése sea el mecanismo general a mediano plazo.

En el caso de los combustibles, las empresas habían acordado con el Gobierno un sendero de aumentos del 4% mensual a fines del año pasado. Y aunque fue fuerte la presión de las petroleras para aumentar por sobre ese porcentaje, especialmente a partir de que la inflación comenzó a dispararse, no hubo margen para subir demasiado. En algún caso, la suba mensual escaló al 6%, y luego de la devaluación pos PASO se les permitió ajustar 12,5%. En octubre, las compañías aumentaron ese 4% pero este acuerdo vence la semana próxima.

“La decisión la tienen Massa y Royón -Flavia, secretaria de Energía. La premisa de ella es que se siga manteniendo un sendero de precios. La semana próxima se sentarán las autoridades nacionales con las principales operadoras y definirán qué hacer, pero no imagino a las empresas resistiéndose demasiado en el actual momento político”, dijo una fuente de Energía.

Mientras tanto, los precios de los combustibles subieron la semana última entre 3% y 4%, exactamente pos elección, pero en la cartera energética explicaron que se debió al aumento de los biocombustibles de agosto que no había sido trasladado.

Servicios de luz y gas

Las tarifas de luz y gas tampoco tendrán cambios por el momento. Lo que tiene que definir el Gobierno en breve es si postergará las audiencias públicas previstas, en ambos casos, para noviembre. Pero en Energía creen que “todo se postergará hasta después del balotaje”.

En esas audiencias, debe comenzar a discutirse un aumento en el precio de la energía y del gas, que impactará en la boleta de todos los usuarios, independientemente de si reciben todavía subsidio o no. Hoy los únicos sectores que pagan la tarifa plena son los de altos ingresos y los que no se inscribieron en la solicitud para evitar que se los quiten, pero los medios y bajos siguen pagando la luz y el gas subsidiados.

Respecto de la cuota de las prepagas, si bien se sostiene hasta diciembre el congelamiento para aquellas familias que tengan ingresos por hasta $2 millones por mes, se dispuso para el resto de los afiliados un incremento de 10,98% a partir de noviembre. De hecho, ya fue comunicado por las empresas.

Según precisó el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, “ese aumento acordado será aplicado para todos aquellos que tienen ingresos superiores y no se han presentado a pedir el tope. Es un porcentaje de entre 10% y 12% de los grupos familiares”. A su vez, cuando cese este congelamiento, en diciembre, vuelve a regir la suba diferencial para quienes generan cuatro salarios mínimos.

Belocopitt aprovechó la oportunidad para recordar la gravedad por la que está atravesando el sistema de salud en materia de financiamiento y consideró muy necesario que el tema se incluya en el debate que tendrán los dos candidatos a presidente, Sergio Massa y Javier Milei.

“La medicina prepaga tiene una ley que dice claramente que automáticamente, cuando se genera el aumento de los costos, tiene que subir el precio. Fue sancionada en 2010 y nunca se cumplió. Cuando la situación se puso muy al límite, se estableció una fórmula, vigente hoy, pero que estaba preparada para índices de inflación más bajos y hoy nos genera un enorme problema financiero”, precisó el empresario.

Mientras que entre enero y septiembre 2023 la inflación fue del 103%, la actualización de las cuotas del sistema de salud fue de 77%. “Es una fórmula que refleja que capturás los aumentos con 60 días de atraso. Con los actuales niveles de inflación, para el sistema de salud, es muy crítico”, remarcó Claudio Belocopitt.

También hay un desfase entre los costos (en este caso, principalmente salariales) y los precios en las cuotas de los colegios privados con subvención estatal. Las cámaras que nuclean a las empresas negocian con cada jurisdicción y se acaba de conocer el último incremento del año que sufrirán las instituciones bonaerenses en noviembre. El gobierno de Axel Kicillof autorizó a fines de la semana un aumento del 11% para la penúltima cuota del año.

“Las paritarias fueron asimétricas en provincia y ciudad, así como también los momentos en los cuales caían no siempre permitían trasladar. Entonces, es difícil sostenerlo con inflación del 12% mensual”, afirmó el presidente de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep), Rodolfo De Vincenzi.

Y explicó “cada vez que se producen aumentos salariales y cambio de otros costos, se convoca a la comisión de aranceles, se hacen los cálculos respectivos y se autorizan los ajustes. Pero sucede que hay siempre un delay, y eso en condiciones de inflación normales no es grave, pero ahora sí”.