El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, mediante una investigación liderada por ANSES, detectó y denunció ante la Justicia 203 casos de “graves y escandalosas” irregularidades en la tramitación de la Asignación por embarazo para protección social.

Las anomalías identificadas por los funcionarios de La Libertad Avanza exponen, según definieron ante este medio, “una práctica sistemática de presentación de documentación falsa” y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de ANSES, con el fin de percibir fraudulentamente el beneficio, que este mes de octubre es de $ 87.815.La reprochable maniobra, desde la que ya circulaban versiones desde hacía al menos dos años, fue investigada, verificada y documentada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES.
El organismo a cargo de Mariano de los Heros identificó, después de varias alertas originadas en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la ANSES de González Catán, en La Matanza, varios tipos de irregularidades recurrentes en los formularios que las beneficiarias de la prestación debía llenar, denominado ‘PS 2.67′, requisito para acceder a la asignación. En al menos 203 casos en González Catán, Lomas de Zamora, Retiro (CABA), Trujillo, en Moreno y Ríos Gallegos se detectaron:

Certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento: solicitudes de Asignación por Embarazo con certificados médicos falsos en las cuales, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, presumiendo embarazos inexistentes.

Simulación de interrupciones de embarazo: en otros casos, se presentaron solicitudes acompañadas de certificados apócrifos que incluían documentación falsa de interrupción del embarazo, permitiendo a las beneficiarias seguir percibiendo el beneficio hasta la presunta interrupción.

Certificados con fechas de parto futuras: también se detectaron certificados médicos falsos con fechas de parto futuras, que ya estaban siendo utilizados para cobrar los pagos prenatales, sugiriendo embarazos falsos que luego se incluirían en las categorías de fraude ya mencionadas.

Certificaciones inválidas y retenidas: en numerosos casos, ANSES rechazó formularios “PS 2.67″ por inconsistencias notables, tales como matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL erróneos, y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia. Estos formularios fueron retenidos preventivamente al considerarse un intento de defraudación.

Casos insólitos

En la denuncia realizada por Capital Humano hay casos insólitos. Por ejemplo, una médica obstetra habría firmado los certificados para cobrar la Asignación Universal por Embarazo de cuatro mujeres. Cuando la ANSES realiza la investigación —le llamó la atención que las firmas eran diferentes—, se descubrió que la facultativa nunca trabajó en el Hospital Municipal “Dr. Héctor J.D Agnillo” de González Catán, ni en ninguna otra salita de La Matanza. La médica, además, afirmó que no fue ella quien completó los formularios, que no reconoce su firma y letra, y tampoco le pertenece el número de CUIL ingresado en los formularios observados.

Los pesquisas de la ANSES también lograron el testimonio de la presunta embarazada (se preserva el nombre), quien reconoció que “el formulario lo obtuvo mediante una persona de nombre ‘Estela’ por el costo de $1.800 sin agregar mayores datos.”

En el caso de la localidad de Turdera, en Lomas de Zamora, ocurrió algo similar; se falsificó firma y matrícula de obstetras y médicos que no tuvieron contacto con las pacientes ni trabajaban en los hospitales citados en la documentación. Es más, uno de los médicos manifestó que hace más de diez años que no presta servicio en el Hospital Interzonal General de Agudos ‘Evita’. Asimismo, desconoce la firma y el sello. Después del contacto con los investigadores de la AFIP hizo la denuncia policial por usurpación de identidad, título y honores que está en trámite.

Para los funcionarios del organismo que preside Mariano de los Heros, del análisis de esa documentación “surge sin duda un modus operandi cuasi uniforme en cuanto al universo de maniobras, donde las modalidades son reiteradas y consisten básicamente en la presentación de los formularios obligatorios para la acreditación del embarazo -falsos en estos casos- o bien de la interrupción de la gestación, efectuada por mujeres que no han concurrido a una consulta médica que así lo acredite, o bien esos embarazos no existen o no existieron, tal como se requiere para adquirir el derecho a la prestación de Asignación Universal por Embarazo”.

Según detallaron fuentes oficiales: “Estas situaciones comenzaron a detectarse a partir de las presentaciones de los formularios PS 2.67 adulterados o con sellos de médicos que no revisten tal carácter, o bien que no participan en la certificación de la que dan fe de su contenido y por lo que surgen las posibles irregularidades observadas en un Formulario, presentado en la Unidad de Atención por las presuntas embarazadas para cobrar el beneficio”.

En la denuncia penal que fue realizada el viernes ante los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos y la fiscalía de Ramiro González, también se indicó: “Se han detectado Defraudaciones en grado de tentativa en otros numerosos casos, como en la Oficina González Catán II, en total 111 formularios apócrifos, mientras que en la Regional Bonaerense IV de ANSES, se verificó 283 casos por sistemas, firmados presuntamente por la doctora XX (se reserva el nombre), y que de una auditoría por muestreo realizado conforme matrices de riesgo del organismo, se determinó que en la mayoría de los casos seleccionados, los supuestos beneficiarios solicitantes NO VIVEN en el domicilio consignado en el formulario citado o ‘no recuerdan’ conocer al médico tratante/certificante”.

Perjuicio económico a ANSES

El fraude descubierto podría ascender a más de 160 millones de pesos y fue dividido en dos escenarios posibles:

1- Escenario de máxima: si los 203 casos fraudulentos hubieran cobrado el 100 por ciento de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el perjuicio ascendería a 165.959.199 pesos a valores actuales.

2-Escenario específico: en este cálculo más detallado, se observa que los Grupos I y III (80 casos) cobraron el 80 por ciento de la prestación durante 9 meses. El Grupo II (12 casos) cobró el 100 por ciento durante 6 meses. El Grupo IV (111 casos) no llegó a percibir ninguna prestación. En este escenario, el perjuicio estimado es de 58.862.376 de pesos a valores actuales.

En respuesta a estas maniobras -se siguen investigando casos en todo el país- desde el ministerio de Sandra Pettovello y ANSES reafirmaron su “compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción” y le dijeron a Infobae: “Para evitar la repetición de estas prácticas fraudulentas, se están rediseñando los procedimientos internos, con un enfoque en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas que optimicen la verificación de los trámites”.

Los requisitos incumplidos

Según la normativa vigente, para hacer efectiva la percepción a la mujer gestante debe cumplir con los siguientes requisitos:

Encontrarse desocupada, resultar trabajadora informal -con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil-; ser Monotributista social, ser trabajadora de servicio doméstico registrada o bien estar inscripta en alguno de los programas Hacemos Futuro (Argentina Trabaja y Ellas Hacen), Manos a la Obra o Programas del Ministerio de Trabajo. Estos requisitos se hacen extensivos a su grupo familiar -cónyuge o conviviente-.

Ser argentina nativa o por opción –naturalizada o residente- con residencia en el país no menor a 3 años; acreditar identidad con Documento Nacional de Identidad, cumplir con los controles médicos, estar inscripta en el Programa SUMAR del Ministerio de Salud y no poseer obra social (solo para aquellos casos de trabajadoras informales o desocupadas), certificado de matrimonio, unión civil o convivencia en caso de que corresponda.

Completar el Formulario PS 2.67 “Solicitud de Asignación por Embarazo para Protección Social.

Cumplidos con todos los pasos anteriores, la pretendida beneficiaria puede iniciar el trámite ante una oficina de atención al público de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES.

En el escrito judicial los funcionarios del gobierno de Javier Milei solicitaron a los magistrados que “lleguen no solo a los autores materiales, sino a los autores intelectuales y se revelen la red delictual (asociación ilícita) que utiliza en todo el país este sistema defraudatorio contra el Estado Nacional (ANSES)”.